¿Cómo se está privatizando el agua en México?

El domingo por la tarde salió una noticia en SinEmbargoMx, donde aseguraba que en el marco del día del medio ambiente Peña Nieto había firmado 10 decretos en los que entregaba el agua a la iniciativa privada. Inmediatamente algunos otros medios replicaron la noticia y algunos otros aseguraron que dicha serie de decretos habrían sido firmados en pleno partido de fútbol entre la selección de Alemania y la de México. La realidad es que todo esto sucedió el día 6 de junio.

Si bien es cierto que estos decretos afectan a los recursos hídricos en el país, hay que entender de qué se trata: suprimen las vedas que existen en distintas cuencas hidrológicas para permitir la explotación de aguas superficiales -es decir, ríos, lagos y lagunas- en las que estaba prohibido su uso. Sabemos perfectamente que el propósito de estos decretos es permitir que las grandes empresas e industrias utilicen el agua que necesitan para seguir produciendo sus mercancías en México pagando salarios de hambre y explotando nuestros recursos naturales a bajo costo, sin embargo, estos decretos no están concesionando el agua directamente, al menos no aún.

La privatización del agua en México es un fenómeno que ya se ha estado dando de manera legal, concesionando acuíferos completos a empresas privadas como es el caso de la cervecera Constellation Brands en Mexicali, o asignando volúmenes peligrosos para la recuperación de dichos acuíferos en zonas industriales como el Bajío. Las consecuencias se han visto en ciudades en las que la dotación de agua ha tenido que ser racionada para la población con tal de que las industrias no se queden sin agua; ejemplo de ello es de nuevo Mexicali y también San Juan del Río, Querétaro.

En este tipo de prácticas participa no solamente el gobierno federal, sino también los gobiernos estatales, los organismos operadores y, por supuesto, la CONAGUA. En el caso específico de San Juan del Río, el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) publica las asignaciones y concesiones que tienen particulares sobre el uso de agua, presentando uso doméstico, comercial agrícola, urbano e industrial. Sin embargo, para el último caso, el REPDA omite datos de asignaciones de agua potable tanto superficial como subterránea para empresas que producen ahí, como la Kimberly Clark, o PepsiCo. Los datos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de San Juan del Río (JAPAM) aseguran que esos datos no están accesibles al público, lo cual hace pensar que estas empresas utilizan de manera desregulada el agua potable de un acuífero que ya está oficialmente considerado sobre explotado.

Desde hace ya varios años la política de servicios de agua potable en todo el país se ha enfocado en contratar empresas privadas para la reparación, instalación, conexión y medición de la infraestructura del servicio, mientras que los organismos operadores solamente se limitan a usar el dinero público para pagar a estas empresas, las cuales no solamente venden sus servicios, sino también tecnologías que en muchas ocasiones no sirven o no son adecuadas para las necesidades del servicio de abastecimiento de agua potable, o para el tratamiento de las aguas residuales.

En el caso específico de las aguas residuales, existe actualmente un gran negocio en el que la empresa Aguas Tratadas del Valle de México –de Carlos Slim- tiene la concesión para el tratamiento de la mayoría de las aguas residuales de la zona metropolitana. Grupo Carso junto con ICA fueron los encargados de la construcción del Túnel Emisor Oriente, el cual a través de bombeo colecta el 60% de las aguas negras de la zona metropolitana hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Atotonilco, Hgo. En esta PTAR –cuya capacidad instalada es de aproximadamente 45 mil litros por segundo- la CONAGUA concesiona el tratamiento de estas aguas. Esta PTAR ha representado un gran negocio por tratarse de un servicio privado que recibe dinero público, y porque parte de su operación es la co-generación de energía eléctrica a través de los 31 digestores que aprovechan el metano producido por los lodos para generar electricidad y venderla a la CFE.

La escasez de agua en el norte del país ha provocado también que grupos y comunidades defiendan el agua en​contra de proyectos como la hidroeléctrica de Odebrecht, que intentó imponerse en Veracruz en 2014; la lucha contra un acueducto por parte de la tribu Yaqui en Sonora –lucha por la cual estuvo preso Mario Luna-; y la ya mencionada lucha de Mexicali Resiste contra la cervecería Constellation Brands.

Ante una inminente crisis hídrica que se avecina, la burguesía pretende garantizar que tendrá acceso ilimitado al agua, por lo que presiona para que todo tipo de prácticas privatizadoras que eran ilegales se reafirmen en el marco jurídico y eso implica una serie de modificaciones a la constitución que se respaldan en las distintas reformas que se han hecho al artículo 27, y en la Ley de Asociaciones Público Privadas, decretada en 2010 por Felipe Calderón, mediante la cual el gobierno Federal puede declarar de interés público el uso de cualquier recurso natural y su concesión a empresas privadas, sin que exista una sola forma jurídica de ampararse ante dicha decisión, misma que ha sido base para la imposición de proyectos inmobiliarios como el tren interurbano México-Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

La realidad del despojo de los recursos naturales va mucho más allá de tan solo unas modificaciones en las leyes, es parte de la política mundial por explotar los recursos en países como México, y no basta con echar abajo uno u otro decreto, sino que solamente podrá ser desafiada por un movimiento nacional movilizado y combativo que tenga como objetivo una planificación democrática de la economía, pues de otro modo el medio ambiente y los recursos naturales seguirán estando a merced del capital privado, ya sea bajo la administración del gobierno o directamente por las empresas.