10 DE JUNIO DE 1971: Un Jueves Para Marchar

Corría la primera mitad del año 1971 y Monterrey ocupaba titulares en los medios de comunicación debido al revuelo dentro de la UANL (Universidad Autónoma de Nuevo León), la comunidad universitaria hacia cimbrar la gestión del entonces gobernador de Nuevo León, Eduardo Elizondo Lozano. En esos momentos el gobierno imponía una nueva ley orgánica donde la casa de estudios perdía su autonomía por lo que sus recursos, administración y elección de rector dependerían del gobierno en turno. Ya para estos entonces cualquier tipo de movimiento que tendiera a la organización de pueblo era considerado un punto rojo a erradicar.

Los universitarios tomaron los intereses y necesidades de la comunidad para convertirlos en una serie de demandas encabezadas por la implementación de una nueva ley orgánica donde se contemplara su autonomía; algunos otros puntos era el aumento de presupuesto, reconocimiento de los derechos del personal docente y la expulsión de los grupos porriles de la universidad. Las movilizaciones que respaldaron estas peticiones fueron contestadas con la reducción del presupuestos destinado para la UANL. Esto provocó que la huelga estallara, momento en el cual la comunidad hizo un llamado general a la comunidad estudiantil para que apoyaran la causa.

Habían pasado tan solo 3 años de aquella lluviosa tarde en la plaza de la tres culturas, aun había temor de salir de nuevo a las calles. A pesar de esto el llamado hizo que se desempolvaran las pancartas y las consignas se practicaran, estudiantes de la UNAM e IPN iniciaron los preparativos correspondientes para una marcha en apoyo a los compañeros regios. Las asambleas y mítines iniciaron con apuro, el gobierno no veía esta situación como algo bueno por lo que ellos también comenzaron con la intimidación y el rompimiento de las actividades de los estudiantes. Pero esto no iba a detener a la comunidad, aun cuando algunas fracciones veían como innecesaria y peligrosa la movilización se puso como fecha el día 10 de junio, caería un jueves de corpus.

La movilización se tenía prevista para que saliera alrededor de las 17 horas partiendo del casco de Santo Tomas con rumbo al Zócalo capitalino. Había llegado el día para poner a rodar el plan que el gobierno había trazado para una situación como esta, era momento de hacerles ver a los estudiantes que a pesar de haber pasado ya 3 años y haber cambiado de administración las cosas no eran muy diferentes, aquel 10 de junio iba a ser un recordatorio de aquel 2 de octubre.

Desde muy temprano las calles aledañas al Casco de Santo Tomas se llenaron de granaderos que sitiaban las calles por las que correría la manifestación, además se visualizaban camiones llenos de “civiles”, la cosa más que rara parecía predecible. Ya para las 17:10 la marcha avanzaba por avenida de los maestros y tan solo cinco minutos después un grupo paramilitar, los Halcones, con facha de civiles arremetían contra los estudiantes e integrantes de prensa, por igual, con gritos como “el che vive”, entre el cáos los manifestantes buscaron la manera de defenderse a lo que los Halcones respondieron con disparos, el trabajo de los granaderos en ese momento era de mirar y mantener cercado el perímetro. Algunos trataron de esconderse dentro de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y en otras escuelas del casco. Durante casi cinco horas la zona estuvo llena de movimiento, los heridos eran trasladados a la cruz verde y a hospital Rubén Leñero, existen testimonios de que los integrantes del grupo de choque irrumpieron en dichos hospitales con el fin de “terminar el trabajo”. En el asfalto, acostados, estaban los detenidos a los cuales metieron posteriormente a los camiones sin decirles a donde los llevarían. El saldo fue de aproximadamente 120 muertos y desaparecidos.

A la mañana siguiente los periódicos y noticiarios cubrían la nota diciendo que la manifestación de estudiantes había acabado en confrontamientos propios de la organización, debido a un ala radical. El gobierno se encargaba de despachar a los halcones, después de su paga de aproximadamente 5000 pesos, les ordeno destruir los centro de entrenamiento en donde habían estado los últimos dos años y desaparecer discretamente, aunque algún tiempo después algunos aceptaron que gente de Echeverría, entonces presidente, les había pagado por el “trabajito” del 10 de junio. A diferencia de la masacre de 1968 este evento había sido cubierto por distintos medios nacionales e internacionales, por lo que, no lo solo quedo registrado sino que en esta ocasión le fue más difícil al gobierno ocultar la represión que los movimientos sociales y los periodistas sufrían en el país.

A 46 años del “halconazo” los victimarios dejaron en claro que la palabra justicia está sujeta a un sinfín de circunstancias que ni en aquellos momentos ni ahora las organizaciones provenientes del pueblo cumplen. La represión, desaparición y el homicidio seguirán siendo un arma que se pueda “justificar” siempre que los intereses de los altos mandos estén de por medio. La suma de víctimas será interminable y números como 120 ó 43 se volverán parte de las fosas de la lucha social.